La nueva reforma tributaria ha sido presentada en un complejo escenario económico, caracterizado por un nivel de gasto público sin precedentes y crecientes alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas del país. Ante esta situación, un amplio espectro de exministros, centros de pensamiento y gremios empresariales ha cuestionado la estrategia del Gobierno, abogando por un recorte del gasto en lugar de imponer más impuestos a la ciudadanía y al sector productivo. El Presupuesto General de la Nación para 2026, aforado en $557 billones, llega desfinanciado en $26,3 billones, cifra que la reforma pretende cubrir. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el faltante real de recursos podría ascender a $45,4 billones, lo que exigiría un ajuste fiscal mucho más severo. La presidenta del CARF, Astrid Martínez, señaló que las proyecciones de ingresos del Gobierno han sido excesivamente optimistas.
Esta visión es compartida por gremios como la ANDI, que ha hecho un llamado a aprobar un presupuesto "que Colombia puede en forma realista pagar", sugiriendo un recorte cercano a los $45 billones.
Exministros de Hacienda de diferentes gobiernos, como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo, también han expresado su escepticismo, criticando el "derroche de gasto" y la falta de medidas de austeridad. Argumentan que el problema de fondo no es la falta de ingresos, sino un gasto de funcionamiento que ha crecido de manera desbordada, y que seguir aumentando los impuestos sin controlar el gasto solo frenará la economía y la competitividad.
En resumenEl impulso a una nueva reforma tributaria evidencia un profundo desacuerdo sobre la política fiscal a seguir: mientras el Gobierno considera esencial un mayor recaudo para financiar su agenda, un robusto consenso de expertos económicos insiste en que, sin una disciplina fiscal y un control estricto del gasto, más impuestos solo agravarán el desequilibrio y perjudicarán el crecimiento económico.