La medida es defendida por sectores que abogan por la equidad tributaria y un Estado laico, pero es rechazada por líderes religiosos que la consideran un ataque a su labor social.

El proyecto de ley especifica que negocios como cafeterías, hoteles, estacionamientos o venta de artículos, operados por congregaciones religiosas, deberían tributar bajo el régimen ordinario. El Ministerio de Hacienda ha sido claro en que "no se gravan cultos religiosos de ninguna iglesia", sino únicamente las actividades con ánimo de lucro. Sin embargo, pastores y representantes de diversas confesiones argumentan que los ingresos de estas actividades no buscan el enriquecimiento personal, sino el sostenimiento de sus obras sociales, educativas y espirituales. Diana Lucía Murcia Toro, directora de Asuntos Religiosos de Neiva, afirmó que el objetivo de estas actividades es "la construcción de tejido social".

En contraste, organizaciones como Dejusticia sostienen que las exenciones tributarias a las iglesias violan los principios de un Estado laico, favorecen a religiones institucionalizadas y desconocen las grandes fortunas que algunas congregaciones han amasado. Según cifras de la DIAN, el patrimonio líquido de las iglesias en el país asciende a $19 billones, lo que alimenta el argumento de que deben contribuir como cualquier otra entidad con actividades mercantiles.