El Gobierno justifica la medida con un doble propósito: desincentivar el consumo por razones de salud pública y aumentar el recaudo nacional. Sin embargo, gremios como la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) y Fenalco han manifestado su profunda preocupación, argumentando que un encarecimiento tan drástico podría contraer la demanda, afectar la economía nocturna y el turismo, y, paradójicamente, fomentar el contrabando y la venta de licor adulterado. Esto último no solo representa un grave riesgo para la salud pública, sino que también podría mermar los ingresos que los departamentos reciben actualmente por el impuesto al consumo, que son cruciales para financiar la salud y el deporte a nivel regional.