Desde el momento de su radicación, el proyecto fue calificado como inviable. El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, afirmó que el Congreso "no puede premiar a un gobierno que derrocha recursos". El Centro Democrático y otros partidos de oposición han cerrado filas en contra, mientras que incluso dentro de la coalición de gobierno hay reparos. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió que la reforma podría ser una "estrategia política" del Gobierno para culpar al Congreso de no permitirle gobernar. Gremios como Fenalco y la ANDI la han calificado de "aberrante" y "la más dura con los hogares de toda la historia", respectivamente.

Exministros de Hacienda de diferentes gobiernos, incluyendo a José Antonio Ocampo (del propio gobierno Petro), José Manuel Restrepo y Alberto Carrasquilla, coincidieron en un foro en que el articulado no será aprobado. Ocampo fue enfático al pedirle al Congreso "que no apruebe absolutamente nada" si no se propone un recorte de gastos. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sugirió que la reforma parece "diseñada para que no se apruebe", dado su nivel de ambición en un año preelectoral, lo que podría ser una táctica para justificar la expedición del presupuesto por decreto.