Para ello, las organizaciones tendrían que separar contablemente sus ingresos, costos y patrimonio entre sus actividades religiosas (exentas) y las comerciales (gravadas).

La medida se justifica en cifras de la DIAN que revelan un patrimonio líquido cercano a los 19 billones de pesos y ingresos brutos de más de 8 billones en 2023 para las aproximadamente 8.000 iglesias registradas.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia.

La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, la calificó como un "acto de segregación" que desconoce el aporte social de estas comunidades y su naturaleza no mercantil. La congresista anunció que, al igual que en 2022, dará la batalla en el Congreso para frenar la iniciativa, argumentando que debilita el tejido social en lugar de fortalecerlo.