El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha radicado en el Congreso de la República su tercera reforma tributaria, denominada oficialmente "Ley de Financiamiento", con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos adicionales para el año 2026. Esta iniciativa, la más ambiciosa de las últimas décadas, tiene como objetivo principal cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación, proyectado en 557 billones de pesos, y garantizar la sostenibilidad fiscal para la próxima administración. La propuesta surge en un contexto fiscal complejo, marcado por una caída en el recaudo, un aumento del gasto público y la suspensión de la regla fiscal. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido la reforma como una medida "progresista" que no afectará a las clases populares ni la canasta familiar, sino que se concentrará en gravar a las personas de mayores ingresos y a sectores con alta capacidad contributiva.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado un amplio rechazo desde múltiples frentes.
Gremios como la ANDI y Fenalco, exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo, y una mayoría de congresistas la consideran inoportuna, innecesaria e inviable. El argumento principal de los críticos es que el problema de fondo no es la falta de ingresos, sino el "derroche de gasto" y la falta de austeridad del Gobierno. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que es "probablemente el proyecto que más va a afectar a las familias colombianas". Por su parte, el expresidente César Gaviria la calificó como un intento de "ahogar con más impuestos a los trabajadores y a las empresas, con el único propósito de financiar pretensiones burocráticas y clientelistas".
Ante la falta de ambiente político, especialmente en un año preelectoral, muchos analistas consideran que la reforma parece "diseñada para que no se apruebe", lo que podría ser una estrategia del Ejecutivo para justificar la expedición del presupuesto por decreto.
En resumenEl Gobierno propone una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, argumentando progresividad y necesidad fiscal. Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición política y económica que critica el excesivo gasto público y advierte sobre el impacto negativo en la economía, lo que pone en duda su aprobación en el Congreso.