La reforma tributaria del Gobierno Petro pone una carga fiscal adicional sobre el sector de hidrocarburos y carbón, a través de la extensión de sobretasas en el impuesto de renta y la creación de un nuevo impuesto especial a la extracción. Estas medidas son fundamentales para el plan de recaudo del Ejecutivo, pero son criticadas por gremios y la oposición por asfixiar a un sector estratégico para la economía nacional. El proyecto de ley propone la extensión de la sobretasa al petróleo y al carbón, con recargos variables de hasta 15 puntos porcentuales vinculados a los precios internacionales de estos productos. Adicionalmente, se crea un “impuesto especial al sector de extracción de petróleo crudo y carbón” con una tarifa del 1% sobre la primera venta o exportación.
Esta medida excluye a los pequeños productores, pero impacta directamente a las grandes compañías, incluyendo a Ecopetrol, la principal empresa del país.
El expresidente César Gaviria criticó la idea de imponer nuevas cargas tributarias a este sector, afirmando que el Gobierno pretende “seguir asfixiando sectores estratégicos”. Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) también se advirtió que estas medidas restan competitividad al país, desincentivan la inversión y ponen en riesgo la llegada de divisas. La propuesta se enmarca en la política del Gobierno de desincentivar la dependencia de los combustibles fósiles, pero sus detractores sostienen que, en la práctica, debilita una de las principales fuentes de ingresos fiscales y de exportación de Colombia, sin que existan aún alternativas económicas que puedan reemplazar su aporte.
En resumenEl Gobierno busca aumentar significativamente la tributación del sector minero-energético con nuevas sobretasas e impuestos, alineándose con su discurso ambiental, pero enfrenta críticas por el riesgo de desincentivar la inversión y afectar la competitividad de una industria clave para las finanzas públicas y la balanza comercial del país.