El proyecto plantea aumentar el componente específico del impuesto para una cajetilla de 20 cigarrillos de $4.068 a $11.200, un alza que podría elevar el precio final en un 70%. Para productos como la nicotina oral, el impuesto pasaría de $324 a $891 por gramo. En cuanto a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, se establecería un impuesto ad valorem del 30% para la presentación líquida y un nuevo impuesto específico de $2.000 por mililitro. El Ministerio de Hacienda justifica estas tarifas para mantener precios similares entre los distintos productos y evitar que los consumidores simplemente sustituyan uno por otro. El Gobierno argumenta que los costos sanitarios asociados al tabaquismo superan los $6,5 billones anuales, y con este ajuste se busca que los impuestos representen cerca del 75% del precio final de la cajetilla, como recomienda la OMS. Se proyecta que las medidas reducirán el consumo de cigarrillos en un 40,4% y el de vapeadores en un 49,9%, generando un recaudo adicional de $1,07 billones para 2026. Sin embargo, la gobernadora Dilian Francisca Toro y el senador Carlos Julio González Villa han advertido que, sin un plan robusto contra el contrabando, el alza de precios podría fortalecer el mercado ilegal, afectando el recaudo legal que financia la salud en las regiones.