La propuesta incluye elevar el IVA para licores como aguardiente, ron y vino del 5% al 19%, y unificar el impuesto al consumo con un componente ad valorem del 30% sobre el precio final y uno específico de $1.000 por grado de alcohol. La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) han advertido que estas medidas son insostenibles y tendrían consecuencias devastadoras. Esteban Ramos, gerente de la FLA, calculó que el precio de una botella de Aguardiente Antioqueño podría pasar de $37.000 a $52.000, un incremento cercano al 45%, y que el impacto en el consumidor final podría llegar al 60%. Según sus cálculos, solo por impuestos, una botella pasaría de pagar $17.500 a $33.000.

El sector cervecero también se vería afectado, con alzas estimadas del 35%.

Asobares calificó el incremento como “desproporcionado”, advirtiendo que reducirá los márgenes de rentabilidad, golpeará la formalidad y afectará a un sector que genera 1.580.000 empleos. Una de las mayores preocupaciones, compartida por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es que el encarecimiento del licor legal incentive masivamente el contrabando y el consumo de licor adulterado, lo que representaría un grave riesgo para la salud pública. Además, la caída en las ventas de productos legales reduciría significativamente las rentas departamentales, que financian programas de salud, deporte y educación en las regiones. El Gobierno justifica la medida como una estrategia de salud pública para desincentivar el consumo y corregir externalidades negativas, pero la industria la considera “el fin de la industria licorera en Colombia”.