Sin embargo, esta visión ha sido ampliamente refutada.

Críticos como el exministro Amylkar Acosta y gremios como la Andi y transportadores advierten de un “efecto cascada”. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “un IVA a los combustibles significa más impuestos para el transporte público, los alimentos y la canasta familiar”. Se argumenta que el 90% del transporte de mercancías y personas en Colombia depende de la vía terrestre, por lo que cualquier alza en los combustibles se trasladará directamente a los precios de los alimentos, los pasajes de bus urbano e intermunicipal y los servicios de logística, afectando desproporcionadamente a los hogares de ingresos bajos y medios. La Corporación de Transportadores Urbanos de Medellín advirtió que el pasaje de bus podría aumentar en $800, pasando a $4.200, para mantener la sostenibilidad del servicio. La medida, que busca recaudar $2,6 billones en 2026 y $7,2 billones anuales desde 2027, es vista por la oposición como una carga regresiva que contradice la promesa de no afectar a las clases populares.