La medida, que ha generado un intenso debate político y social, busca que estas entidades tributen como cualquier otra empresa por sus negocios no relacionados directamente con el culto. Según el texto radicado en el Congreso, las iglesias deberán separar contablemente sus ingresos, costos y patrimonio entre sus actividades religiosas —que seguirían exentas— y sus actividades mercantiles.

Sobre estas últimas, serían contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Esta no es la primera vez que se intenta gravar a las iglesias, pero la propuesta actual se enmarca en la necesidad del gobierno de encontrar nuevas fuentes de recaudo para un presupuesto que asciende a $557 billones. Cifras de la DIAN citadas en varios medios indican que las iglesias en Colombia registraron ingresos brutos por $8,06 billones en 2023 y acumulan un patrimonio líquido cercano a los $19 billones. La propuesta ha encontrado una fuerte oposición en el Congreso. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, la calificó como un “acto de segregación” que desconoce la labor social de las confesiones religiosas y anunció que se opondrá firmemente a la iniciativa, tal como lo hizo en 2022.