Este escenario, según Ramos, incentivaría “el contrabando y el mercado ilegal de licor adulterado, con graves consecuencias para la salud pública”.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las críticas, explicando que los mayores precios reducirían las ventas legales, lo que a su vez disminuiría los ingresos departamentales que financian áreas clave. Toro señaló que el contrabando de aguardiente en su región ya alcanza el 36%, una cifra que podría dispararse con la reforma. Además, Asobares expresó su preocupación por el impacto en bares y restaurantes, donde un encarecimiento cercano al 30% reduciría la rentabilidad y golpearía la formalidad.