Esta medida busca que negocios paralelos como cafeterías, librerías, colegios o medios de comunicación, que operan bajo la sombrilla de una organización religiosa, tributen como cualquier otro establecimiento comercial. La propuesta se basa en cifras de la DIAN que revelan un patrimonio líquido cercano a los $19 billones para estas organizaciones.

El Gobierno argumenta que es una cuestión de equidad fiscal, para que todas las actividades económicas contribuyan al sostenimiento del Estado.

La iniciativa ha generado una fuerte oposición en sectores políticos y religiosos. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, calificó la medida como un “acto de segregación” que desconoce la naturaleza no mercantil y el aporte social de las confesiones religiosas, y anunció que volverá a oponerse en el Congreso, como lo hizo en 2022. El debate se centra en definir qué constituye una “actividad mercantil” y cómo se implementará la separación contable sin afectar la labor social que muchas de estas organizaciones realizan en el país.