Esta exención, conocida como “de minimis”, permitía a los consumidores importar productos mediante tráfico postal y envíos rápidos sin costos adicionales de IVA, haciendo estas compras más económicas que en el comercio local. El Gobierno justifica la eliminación de este beneficio argumentando que genera una competencia desleal para las empresas nacionales, que sí deben pagar impuestos, y que se traduce en una pérdida de recaudo para el Estado.

Según estimaciones de la DIAN, la medida podría generar ingresos adicionales por aproximadamente $640.000 millones en 2026.

El Ministerio de Hacienda señaló que esta decisión alinea a Colombia con una tendencia global, ya que países como Australia, Reino Unido y la Unión Europea han adoptado políticas similares para gravar estas importaciones. La senadora del Pacto Histórico, Aída Avella, defendió la medida argumentando que protege la economía local, como la de las modistas de pueblo que han perdido trabajo por la competencia de la ropa importada a bajo costo. Críticos, como la representante Katherine Miranda, sostienen que la medida afecta a la clase media y baja, ya que estas plataformas permiten adquirir productos a precios más accesibles.