Actualmente, el impuesto se aplica a patrimonios líquidos superiores a 72.000 UVT (aproximadamente $3.585 millones).

La reforma propone reducir este umbral a 40.000 UVT (cerca de $1.992 millones), lo que, según cálculos del Ministerio de Hacienda, sumaría 105.332 nuevos contribuyentes a los 32.397 existentes. Además, se establecen nuevas tarifas marginales que llegan hasta el 5% para patrimonios que superen los 2 millones de UVT. El presidente de Anif, José Ignacio López, criticó duramente esta figura, asegurando que es un impuesto “confiscatorio” que existe en muy pocos países y que genera que los capitales se vayan. López señaló que, tras reformas anteriores, el número de declarantes de renta en los tramos más altos ya ha disminuido, pasando de 44.000 a 35.000. “Estamos perdiendo casi 10.000 declarantes de renta”, afirmó, advirtiendo que la nueva propuesta agravará esta tendencia.

Abogados expertos en la materia, como Mauricio Marín Elizalde, coinciden en que la medida afecta a quienes han construido su patrimonio legalmente y podría generar un “clima de incertidumbre jurídica sin precedentes”. El Gobierno, por su parte, justifica el cambio en la necesidad de combatir la inequidad, argumentando que la riqueza en Colombia está altamente concentrada.