La propuesta no solo busca duplicar la tarifa, sino también reducir los beneficios para las empresas que invierten en proyectos de mitigación, lo que ha generado un debate sobre su efectividad y su verdadero propósito. El proyecto eleva la tarifa del impuesto de aproximadamente $24.000 a $42.609 por tonelada de CO₂ emitida a partir de 2026, lo que se traduce en un aumento directo en el costo de combustibles como gasolina, ACPM y carbón térmico. Adicionalmente, la reforma propone limitar la compensación que las empresas pueden hacer mediante la compra de bonos de carbono. Actualmente, pueden descontar hasta el 50% del impuesto causado; la propuesta reduce este tope al 30%.

Expertos y gremios como Asocarbono advierten que esta medida podría “marchitar” el mercado de bonos de carbono, ya que para las empresas resultaría más económico pagar el impuesto que invertir en proyectos de conservación.

Otro punto controversial es la destinación de los recursos recaudados.

Del total, solo el 45% se destinará al Ministerio de Ambiente (a través del Fondo para la Vida), en comparación con el 80% actual. El 44% restante iría al Presupuesto General de la Nación. Críticos como María Fernanda Wilches, de la Fundación Cataruben, consideran que esto “desnaturaliza” el propósito ambiental del impuesto. El Gobierno defiende que, en términos absolutos, los recursos para ambiente no disminuirán debido al aumento del recaudo total, pero el sector ambiental teme que se priorice el afán fiscal sobre la mitigación del cambio climático.