Industria licorera advierte sobre alza de precios de hasta 48% y riesgo de contrabando

La industria licorera nacional ha encendido las alarmas ante la propuesta de reforma tributaria que contempla un drástico aumento del IVA y del impuesto al consumo para bebidas alcohólicas. La medida podría encarecer productos como el aguardiente y el ron en más de un 45%, amenazando la sostenibilidad del sector y fomentando la ilegalidad. El proyecto propone elevar el IVA para licores del 5% al 19% y unificar el impuesto al consumo con una tarifa ad valorem del 30% sobre el precio final y un componente específico de $1.000 por grado de alcohol por litro. Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), advirtió que esta doble carga tributaria es insostenible. “En el caso de una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml que hoy paga, por impuestos un valor de $17.500, con la Reforma Tributaria pasaría a pagar, solo por impuestos, un valor total de $33.000”, explicó Ramos, estimando que el precio final al consumidor podría pasar de $37.000 a $52.000. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se sumó a las críticas, señalando que el aumento de precios incentivará el contrabando, que ya alcanza el 36% en su región, lo que reduciría las ventas legales y, por ende, los ingresos departamentales destinados a salud, educación y deporte. Asobares también manifestó su preocupación, indicando que el encarecimiento de bebidas, que son “el corazón de la oferta gastronómica y nocturna”, golpeará la formalidad y la generación de empleo. El Gobierno justifica la medida por razones de salud pública y para aumentar el recaudo, pero la industria teme que el efecto sea contrario, con una caída en las ventas legales y un aumento del licor adulterado.

En resumen

El propuesto aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas es visto por la industria y las gobernaciones como una amenaza de doble filo. A pesar de la justificación de salud pública del Gobierno, los productores advierten que los precios desproporcionados podrían colapsar el mercado legal, incentivar el contrabando y reducir drásticamente los ingresos departamentales.

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