La iniciativa busca desincentivar el uso de fósiles y aumentar el recaudo, pero enfrenta críticas por su potencial impacto inflacionario y su efecto en el costo de vida. El proyecto contempla que la gasolina y el ACPM (diésel) pasen de una tarifa de IVA del 5% al 10% a partir del 1 de enero de 2026. Posteriormente, la gasolina alcanzaría la tarifa general del 19% en 2027, mientras que el ACPM lo haría en 2028. El Ministerio de Hacienda justifica la medida argumentando que los precios en Colombia están por debajo del promedio regional y que es necesario desincentivar los combustibles fósiles. El presidente Gustavo Petro defendió la propuesta con la controversial afirmación de que “el pobre no usa casi gasolina, el que más usa gasolina es el de las 4 puertas”.

Esta visión ha sido fuertemente refutada desde diversos sectores.

La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) en Medellín advirtió que el alza obligaría a incrementar el pasaje de bus en aproximadamente 800 pesos, pasando de $3.400 a $4.200 para mantener la sostenibilidad del servicio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y gremios como la ANDI y Analdex, han señalado que el aumento en los combustibles tiene un efecto cascada, encareciendo el transporte de carga, los alimentos y toda la canasta familiar, lo que impactaría directamente a la clase media y a los hogares más vulnerables. Expertos calculan que el alza inicial sería de $466 por galón de gasolina y $256 por galón de ACPM, con un incremento total proyectado de hasta $1.800 para 2027.