El Gobierno, encabezado por el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, defiende que el proyecto es progresivo y se enfoca en “los más ricos del país”. Desde el sector empresarial, las voces de rechazo han sido contundentes. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la calificó como “probablemente el proyecto que más va a afectar a las familias colombianas” y “la más dura con los hogares de toda la historia”. Argumentó que gravar los combustibles y el transporte impactará toda la canasta familiar. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la describió como una “bomba de tiempo para el bolsillo de los colombianos”, señalando que medidas como el IVA a parqueaderos y cuotas de administración no residenciales afectarán al comercio y, en última instancia, al consumidor. Políticamente, el ambiente en el Congreso es adverso.

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, afirmó: “No permitiremos más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos”.

El expresidente César Gaviria, del Partido Liberal, la consideró un “despropósito” que busca financiar “pretensiones burocráticas y clientelistas”.

Incluso exministros del propio gobierno Petro, como José Antonio Ocampo, han pedido al Congreso no aprobarla sin un recorte del gasto.

En contraste, el presidente Petro ha insistido en que las críticas son “mentiras” de “los ricos de Colombia” y que la reforma es esencial para financiar la inversión social.