Sin embargo, la distribución del recaudo cambiaría drásticamente: del 80% que hoy se destina al Ministerio de Ambiente, la nueva propuesta asignaría solo un 45% a esta cartera, a través del Fondo para la Vida. Otro 11% iría al programa de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), y el 44% restante se integraría al Presupuesto General de la Nación. Expertos como María Fernanda Wilches, de la Fundación Cataruben, critican este cambio, afirmando que “el impuesto al carbono es una manera de hacer greenwashing porque ponen un impuesto para un tema ambiental, pero que no soluciona temas ambientales”. Adicionalmente, la reforma reduce el incentivo para las empresas que invierten en bonos de carbono para compensar sus emisiones. El descuento aplicable al impuesto por la compra de estos bonos pasaría de un máximo del 50% a solo el 30%, lo que, según Francisco Ocampo de Asocarbono, podría marchitar este mercado y poner en riesgo los proyectos de conservación forestal que financia.