Esta propuesta ha generado un inmediato rechazo de sectores políticos con bases religiosas.

La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, calificó la medida como un “acto de segregación contra la labor social que históricamente han realizado las confesiones religiosas”. Ríos argumentó que la iniciativa desconoce la naturaleza no mercantil de estas organizaciones y advirtió que dará la batalla en el Congreso para frenarla, tal como ocurrió en 2022. El Gobierno, por su parte, justifica la medida como un paso hacia la equidad tributaria, buscando que todas las actividades comerciales, sin importar quién las realice, contribuyan al sistema fiscal. Datos de la DIAN citados en algunos artículos indican que las iglesias en Colombia acumulan un patrimonio cercano a los 19 billones de pesos y registraron ingresos brutos por más de 8 billones en 2023, lo que las convierte en un actor económico relevante.