Esto las obligaría a llevar una contabilidad separada para sus actividades religiosas y sus negocios comerciales, tributando sobre las utilidades de estos últimos como cualquier otra empresa.

La medida busca regular un sector con un patrimonio significativo; según cifras de la DIAN, las iglesias en Colombia acumulan un patrimonio líquido cercano a los $19 billones y registraron ingresos brutos por más de $8 billones en 2023.

El proyecto ha generado una fuerte oposición en sectores religiosos y políticos afines. La senadora Lorena Ríos, por ejemplo, ha manifestado que la propuesta “desconoce la naturaleza no mercantil y el aporte social” de estas organizaciones y ha prometido oponerse a su aprobación en el Congreso, reeditando un debate que ya se había dado en 2022. El Gobierno, por su parte, enmarca la medida dentro de la búsqueda de equidad tributaria, argumentando que cualquier entidad que realice actividades comerciales debe contribuir al sistema fiscal.