El Gobierno justifica esta política como una estrategia de salud pública, citando que los costos sanitarios asociados al tabaquismo en Colombia superan los $6,5 billones anuales. Con el ajuste, se busca que los impuestos representen cerca del 75 % del precio final de la cajetilla, nivel recomendado por la OMS para lograr una reducción significativa del consumo. El Ministerio de Hacienda proyecta que estas medidas podrían disminuir el consumo de cigarrillos en un 40,4 % y el de vapeadores en un 49,9 %, generando un recaudo adicional de $1,07 billones para 2026.