La reforma tributaria plantea un drástico aumento en la carga impositiva para bebidas alcohólicas, lo que ha generado una fuerte alarma en las industrias licoreras departamentales y gremios del entretenimiento por el riesgo de fomentar el contrabando y afectar las finanzas regionales. La propuesta busca, en primer lugar, elevar el IVA para licores como aguardiente, ron y whisky del 5 % al 19 %. En segundo lugar, pretende unificar y endurecer el impuesto al consumo, estableciendo un componente 'ad valorem' del 30 % sobre el precio final al consumidor y un componente específico de $1.000 por grado de alcohol por litro. El impacto sería considerable; Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), ejemplificó que una botella de Aguardiente Antioqueño que hoy paga $17.500 en impuestos pasaría a pagar $33.000, elevando su precio de venta de aproximadamente $37.000 a $52.000.
Gobernadoras como Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca han advertido que esta medida generaría un “efecto boomerang”: al encarecer desproporcionadamente el producto legal, se desincentivaría su compra, caerían las ventas formales y, consecuentemente, los recaudos departamentales destinados a salud, educación y deporte.
El principal temor, compartido por Asobares y la FLA, es que se dispare el contrabando, que ya representa un 36 % en aguardiente, y el consumo de licor adulterado, con graves riesgos para la salud pública y la sostenibilidad de la industria formal.
En resumenEl significativo aumento de impuestos a bebidas alcohólicas, aunque justificado por el Gobierno como una medida de salud pública y de recaudo, es visto por las regiones y la industria como una amenaza que podría destruir el mercado legal, fomentar la ilegalidad y paradójicamente reducir los ingresos fiscales destinados a fines sociales.