Una de las propuestas más controvertidas de la reforma tributaria es la aplicación de un IVA del 19% a las cuotas de administración de propiedades horizontales no residenciales y a los servicios de parqueadero. La medida ha generado un amplio rechazo entre gremios y congresistas, quienes advierten que afectará directamente a la clase media y al sector comercial, a pesar de que el Gobierno asegura que las viviendas residenciales estarán exentas. El proyecto establece que las cuotas de administración de propiedades como oficinas y centros empresariales estarán sujetas al impuesto. En contraste, las cuotas de conjuntos residenciales seguirán exentas para no encarecer los gastos de los hogares. Sin embargo, la medida sí aplicaría a los servicios de parqueadero, incluyendo aquellos vinculados a áreas comunes de propiedades horizontales.
Fenalco advirtió que si la propuesta se aprueba, "todos los apartamentos, casas y locales tendrían que pagar IVA sobre la cuota de administración", lo que implicaría un aumento del 19% en todo el país. La representante Katherine Miranda también criticó la medida, señalando que "Bogotá tiene 2,6 millones de viviendas y el 55% son de propiedad horizontal.
En su gran mayoría estrato medio.
Entonces claro que está afectando la clase media".
El Ministerio de Hacienda ha desmentido que las cuotas de administración residenciales vayan a ser gravadas, pero la redacción del proyecto y las interpretaciones de expertos han mantenido viva la polémica. El expresidente César Gaviria calificó como un "verdadero despropósito" aplicar IVA a las cuotas de administración, una crítica que refleja el malestar generalizado ante una medida que se percibe como un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos.
En resumenLa propuesta de gravar con IVA las cuotas de administración y los parqueaderos ha generado una fuerte controversia por su potencial impacto en la clase media y el comercio. Aunque el Gobierno insiste en que las viviendas residenciales no serán afectadas, la falta de claridad y las advertencias de gremios y expertos mantienen el debate sobre si la medida es equitativa y viable.