El texto del proyecto especifica que las iglesias "serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario sobre dichas rentas".

Para ello, deberán separar contablemente sus ingresos, costos y patrimonio entre las actividades religiosas y las comerciales, como arriendos, operación de colegios, medios de comunicación o cafeterías.

Esta no es la primera vez que se discute el tema, pero ahora se formaliza en un proyecto de ley. Según datos de la DIAN, las iglesias en Colombia acumulan un patrimonio cercano a los 19 billones de pesos y registraron ingresos brutos de $8,06 billones en 2023.

La propuesta ha encontrado resistencia en el Congreso. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, rechazó la iniciativa argumentando que "el Gobierno pretende imponer una carga a las iglesias y confesiones, desconociendo su naturaleza no mercantil y su aporte social a la comunidad", y aseguró que dará la batalla para frenar la medida. El Gobierno, por su parte, enmarca la propuesta dentro de la búsqueda de equidad fiscal, argumentando que las actividades con ánimo de lucro deben contribuir al sistema tributario, independientemente de quién las realice.