La medida, que busca recaudar recursos y desincentivar el consumo por motivos de salud pública, ha generado una fuerte reacción de la industria licorera y gremios, quienes advierten sobre un aumento desproporcionado de precios y el riesgo de fomentar el contrabando. El proyecto plantea un triple aumento: elevar el IVA del 5% al 19%, unificar el impuesto al consumo con un componente "ad valorem" del 30% sobre el precio final y un componente específico de $1.000 por grado de alcohol por litro. Según Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), esto podría incrementar el precio de una botella de aguardiente en casi un 50%, pasando de $37.000 a $52.000. Ramos calificó la propuesta como "el fin de la industria licorera en Colombia", argumentando que "el alto precio de los licores va a incentivar el contrabando y aumentará el licor adulterado en el país". La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se sumó a las críticas, señalando que "entre más contrabando tengamos, menos vendemos y, por consiguiente, los departamentos tendrán menos ingresos para garantizar la salud, la educación y el deporte". El Gobierno argumenta que el precio de la cerveza en Colombia es de los más bajos de América Latina y que el rediseño del impuesto evitaría 1.4 miles de muertes, según una evaluación del Banco Mundial.

Sin embargo, Asobares califica el incremento como "desproporcionado", estimando un encarecimiento cercano al 30% para licores y 35% para cervezas, lo que afectaría a un sector que genera 1.580.000 empleos.