El Gobierno Nacional ha propuesto un aumento progresivo del IVA para la gasolina y el ACPM, una de las medidas más controvertidas de la reforma tributaria. La iniciativa busca recaudar billones de pesos y desincentivar el consumo de combustibles fósiles, pero ha generado un fuerte rechazo por su potencial impacto en la inflación y el costo de vida de los colombianos. La propuesta contempla elevar el IVA de estos combustibles del 5% actual al 10% a partir del 1 de enero de 2026, y alcanzar la tarifa general del 19% en 2027 para la gasolina y en 2028 para el ACPM. Según cálculos de expertos como el exministro Amylkar Acosta, esto representaría un encarecimiento inicial de entre $466 y $475 por galón de gasolina y de $257 para el ACPM, con un alza total a largo plazo que podría superar los $1.800. El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, justifica la medida para "desestimular el consumo de las fuentes de energía que están sustentadas en los productos fósiles". El presidente Gustavo Petro defendió la medida con el argumento de que "el pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de la 4 puertas", y advirtió que si el Congreso hunde la reforma, "no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones".
Sin embargo, esta visión es fuertemente criticada por gremios y analistas.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que gravar los combustibles equivale a un "impuesto sobre toda la canasta familiar", ya que impacta el transporte de alimentos, estudiantes y trabajadores. Expertos advierten que la medida afectará la competitividad del agro y la industria, y podría acelerar la inflación, golpeando desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, contradiciendo la narrativa oficial.
En resumenLa propuesta de gravar los combustibles con un IVA de hasta el 19% es central en la reforma, enfrentando la necesidad fiscal y ambiental del Gobierno con advertencias de gremios y expertos sobre un severo impacto inflacionario que afectaría a toda la cadena productiva y al consumidor final. El debate se centra en la equidad de la medida y su verdadero impacto en la canasta familiar.