La medida reduce el umbral para declarar y crea nuevas tarifas marginales, buscando recaudar más de $2,2 billones de los contribuyentes con mayores patrimonios del país. El proyecto de ley plantea modificar significativamente las condiciones actuales de este gravamen. El umbral a partir del cual se estaría obligado a pagar se reduciría de 72.000 UVT (aproximadamente $3.585 millones) a 40.000 UVT (cerca de $1.992 millones).

Con este cambio, el Gobierno estima que se sumarían 105.332 nuevos contribuyentes a este impuesto. Adicionalmente, se establecen nuevas tarifas marginales progresivas que aumentan con el valor del patrimonio líquido.

La escala comenzaría en 0,5% para patrimonios superiores a 40.000 UVT y llegaría hasta un 5% para aquellos que superen los 2.000.000 de UVT.

El recaudo proyectado por esta medida para 2026 es de $2.269 billones. A pesar de las preocupaciones expresadas por analistas sobre una posible fuga de capitales, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desestimó este riesgo afirmando: “No, no, eso no se van”. Sin embargo, un artículo señala que tras la última reforma que también incrementó este impuesto, más de 6.000 personas en esa cohorte dejaron de tributar, lo que genera dudas sobre el efecto real de la medida a largo plazo.