Uno de los puntos más controvertidos de la nueva reforma tributaria es el incremento gradual del IVA para los combustibles. La medida busca aumentar significativamente el recaudo y desincentivar el uso de fósiles, pero genera alarma por su impacto directo en los precios al consumidor y en la inflación. El proyecto de ley establece un esquema escalonado para la gasolina y el ACPM. Para la gasolina, el IVA pasaría del 5% actual al 10% a partir del 1 de enero de 2026, y alcanzaría la tarifa general del 19% desde el 1 de enero de 2027. En el caso del ACPM (diésel), el aumento sería más paulatino: una tarifa del 10% durante 2026 y 2027, para llegar al 19% en 2028.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, este ajuste implicaría un aumento inicial estimado de $466 por galón de gasolina y $256 por galón de ACPM.
Con esta medida, el Ejecutivo espera recaudar $2,61 billones en 2026, cifra que ascendería a $8,17 billones en 2030.
La propuesta también incluye gravar con la tarifa general del 19% al alcohol carburante y al biocombustible.
David Jiménez, presidente de la Confederación de distribuidores minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), advirtió que la propuesta generará un "impacto significativo en el precio interno de los combustibles", afectando no solo a los consumidores directos sino también a la cadena de costos de transporte de alimentos y otros bienes, lo que podría traducirse en mayores presiones inflacionarias.
En resumenEl IVA a los combustibles es una pieza clave del recaudo esperado por la reforma, pero amenaza con encarecer el costo de vida y el transporte, generando una fuerte preocupación en sectores productivos y consumidores.