El Gobierno Nacional ha publicado un borrador de decreto que busca modificar la contribución de solidaridad en el sector eléctrico, reestableciendo una sobretasa del 20% sobre la tarifa de energía para varios sectores industriales que estaban exentos desde 2012. La medida tiene como objetivo recaudar recursos para el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) y así financiar los subsidios en las facturas de los estratos 1, 2 y 3. Según el Ministerio de Minas y Energía, la propuesta busca focalizar la exención del pago, manteniendo el beneficio únicamente para la industria manufacturera en línea con la política de reindustrialización. Sin embargo, sectores como la agricultura, ganadería, silvicultura, explotación de minas y canteras, construcción, y empresas de servicios públicos de agua y saneamiento, entre otros, volverían a pagar esta contribución. El Gobierno estima que la medida generaría un ahorro fiscal de 1,4 billones de pesos.
La propuesta ha sido duramente criticada por gremios y congresistas.
El senador Efraín Cepeda denunció que la medida generará un “efecto dominó” que impactará el costo de vida, incrementando el precio de los alimentos, la vivienda y los servicios públicos. La Cámara de Comercio del Huila advirtió que la sobretasa afecta la liquidez y capacidad operativa de las empresas, especialmente de las mipymes, y que podría trasladar mayores costos al consumidor final. Por su parte, el exministro Amylkar Acosta explicó que la medida es una reclasificación de los beneficiarios de la exención, lo que obligaría a muchos a pagar un 20% adicional por kilovatio hora. El Ministerio de Hacienda sostiene que el impacto en los costos de producción sería menor, con un incremento promedio del 0,13% para los sectores analizados.
En resumenLa propuesta de reintroducir la sobretasa de energía para la industria ha desatado una fuerte controversia. Mientras el Gobierno la justifica como una medida necesaria para la sostenibilidad de los subsidios, los sectores productivos y la oposición alertan sobre un grave impacto en la competitividad y un aumento en el costo de vida para todos los colombianos.