Este es el tercer intento del gobierno Petro en materia fiscal, después de una reforma aprobada en 2022 y otra rechazada en 2024. La propuesta se enmarca en la necesidad de cubrir un presupuesto que, según críticos, depende de ingresos inciertos. La senadora Angélica Lozano la calificó como la reforma con el mayor recaudo en un siglo, advirtiendo que podría incrementar la deuda y el pago de intereses, comparándolo con un “gota a gota internacional”. La viabilidad de la reforma es crucial, ya que sin ella, el PGN de 2026 quedaría desfinanciado, obligando al Estado a realizar recortes significativos en inversión o a aumentar su endeudamiento.