El objetivo principal de la medida es gravar el uso de combustibles fósiles para mitigar el cambio climático y avanzar en la transición energética.

Sin embargo, su aplicación directa al transporte de pasajeros y carga ha generado una fuerte preocupación. Voceros del Ministerio de Transporte han manifestado su inquietud, reconociendo que, si bien las políticas ambientales son importantes, este impuesto podría reducir la demanda en el sector de viajes y turismo. La imposición de un cargo adicional sobre el combustible para aviones y barcos se traduciría inevitablemente en un aumento en el costo de los tiquetes y fletes, afectando directamente el bolsillo de los viajeros y la competitividad de las empresas de transporte. La propuesta, que forma parte de la reforma tributaria que busca recaudar $26,3 billones, deberá ser debatida en el Congreso de la República, donde se anticipa una discusión intensa entre quienes defienden la medida como una herramienta necesaria para la sostenibilidad ambiental y quienes la critican por su posible efecto inflacionario y su impacto negativo en la economía.