El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de decreto para reactivar la contribución solidaria de energía, una sobretasa del 20 % sobre la tarifa, para varios sectores industriales que se encontraban exentos desde 2012. La medida busca recaudar fondos para subsidiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3, pero ha generado una fuerte oposición de los gremios empresariales por su posible impacto en la competitividad. La propuesta eliminaría la exención para sectores como agricultura, ganadería, minería y construcción, manteniendo el beneficio únicamente para la industria manufacturera. El Gobierno defiende la medida como un acto de justicia social y estima que generará un ahorro fiscal de $1,4 billones.
La representante María Fernanda Carrascal cuestionó la inequidad del sistema actual: “¿Por qué las familias de mayores ingresos sí están contribuyendo, pero las grandes empresas no?”.
Sin embargo, los sectores productivos han manifestado una profunda preocupación.
Lina Marcela Carrera, presidenta de la Cámara de Comercio del Huila, calificó la medida como “contraproducente”, advirtiendo que afecta la liquidez y capacidad operativa de las empresas, en especial de las microempresas que constituyen el 97 % del tejido empresarial de su departamento. El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, aclaró que la exención de 2012 aplicaba a toda la industria, no solo a la manufacturera, por lo que el decreto limitaría significativamente el alcance del beneficio. Los empresarios temen que el incremento en los costos de energía se traslade finalmente a los consumidores, afectando el poder adquisitivo de los hogares.
En resumenLa propuesta de restablecer la sobretasa de energía del 20% a varios sectores industriales enfrenta al Gobierno, que busca equidad fiscal y recursos para subsidios, con los gremios empresariales, que alertan sobre el riesgo de perder competitividad y afectar la economía regional.