Entre las medidas contempladas se encuentran nuevos impuestos para juegos de azar, plataformas digitales, comercio electrónico y los sectores minero-energéticos, además de ajustes al IVA, al impuesto al carbono y a los gravámenes sobre licores y tabaco.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha justificado la reforma como una necesidad para regresar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal, asegurando que no se afectará la canasta familiar. Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la calificó como carente de sentido, argumentando que se presenta en un momento de suspensión de la regla fiscal y un aumento desbordado del gasto de funcionamiento. Restrepo advirtió que la reforma “puntualmente toca el IVA y de esa manera puede afectar a las clases medias de nuestro país al eliminar beneficios y exenciones”. Por su parte, el exministro Juan Camilo Restrepo expresó su escepticismo sobre la aprobación en el Congreso debido al deterioro de las relaciones políticas, sugiriendo que el Gobierno podría recurrir a un decreto. Desde el sector privado, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, ha manifestado su preocupación, indicando que la discusión debe centrarse primero en la magnitud del gasto público antes de definir las necesidades tributarias.