La propuesta de una nueva reforma tributaria ha encontrado una fuerte resistencia por parte de diversos sectores económicos y políticos, quienes cuestionan su pertinencia en el actual contexto económico y fiscal del país. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la iniciativa como carente de sentido, argumentando que se presenta en un momento en que la regla fiscal está suspendida por la activación de la cláusula de escape y el gasto público ha crecido de manera desbordada. “No tiene justificación proponer una reforma tributaria en este momento”, afirmó, advirtiendo que la medida podría ser inflacionaria y afectar a las clases medias al eliminar beneficios del IVA. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló que la discusión no puede centrarse únicamente en la “ambición de gasto que tiene el gobierno”, sino que primero se debe analizar el presupuesto. Manifestó su preocupación por el posible aumento de impuestos al patrimonio, indicando que “está demostrado que el impuesto al patrimonio ha producido baja inversión y fuga de capitales”.
Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture hizo un llamado a la responsabilidad fiscal, pidiendo un presupuesto “coherente y austero, basado en ingresos reales y comprobables”. Advirtió que proyectar un gasto sin un sustento claro sobre los recursos “solo aumenta la incertidumbre fiscal”.
El exministro Juan Camilo Restrepo también se mostró escéptico sobre la aprobación de la reforma en el Congreso debido al deterioro de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, e incluso sugirió que el Gobierno podría intentar aprobarla por decreto. Estas críticas coinciden en que la prioridad debería ser el control del gasto y la austeridad, en lugar de imponer una nueva carga tributaria a los ciudadanos y al sector productivo.
En resumenLa propuesta de reforma tributaria enfrenta una sólida oposición de gremios empresariales y exministros, quienes la consideran inoportuna y perjudicial para la economía. Las críticas se centran en la falta de austeridad en el gasto público, el riesgo de afectar a la clase media y la desincentivación de la inversión, abogando por un control del gasto antes de crear nuevos impuestos.