Proponen Aumentos en Tarifas de Energía e Internet para Estratos Altos

El Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa dos propuestas que impactarían directamente las facturas de servicios públicos de los estratos más altos y del sector productivo para financiar subsidios y cubrir deudas del sistema. Por un lado, el Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de decreto que propone un aumento del 20% en la tarifa de energía eléctrica para estratos 5 y 6, así como para diversas actividades económicas, con el fin de recaudar $1,2 billones. Según el exministro Amílcar Acosta, esta medida busca reclasificar a los beneficiarios de una exención tributaria, lo que obligaría a muchos a pagar la sobretasa. El objetivo es cubrir los cerca de $3 billones de deuda acumulada por la opción tarifaria, un mecanismo que permitió a los estratos 1, 2 y 3 diferir pagos durante la pandemia. Por otro lado, el Ministerio de las TIC radicó el proyecto de ley “Internet Solidario”, que busca declarar el acceso a internet como un derecho fundamental. Para financiarlo, la iniciativa contempla que los hogares de estratos 5 y 6 y las grandes empresas paguen un 30% adicional en su factura de internet fijo. Los recursos recaudados se destinarían a subsidiar el servicio para los usuarios más pobres, principalmente del estrato 1 registrados en el Sisbén A, quienes podrían recibir descuentos de hasta el 55%. Ambas propuestas se basan en un principio de solidaridad y redistribución, pero han generado polémica y cuestionamientos sobre la carga que ya soportan los estratos altos, quienes financian subsidios en múltiples servicios públicos.

En resumen

El Gobierno busca financiar subsidios y deudas en los sectores de energía e internet mediante aumentos tarifarios para los estratos 5 y 6 y grandes empresas. Las propuestas incluyen un alza del 20% en la energía eléctrica y un 30% en el internet fijo para estos grupos, con el fin de redistribuir recursos hacia los hogares más vulnerables, generando debate sobre la presión contributiva en los estratos altos.

Artículos

¿Le pareció útil y relevante esta información?

Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

Alerta Paisa

Proponen Aumentos en Tarifas de Energía e Internet para Estratos Altos

Artículos

Política