La política fiscal del Gobierno en torno a los combustibles y la minería se ha convertido en un punto central de debate, vinculando la nueva reforma tributaria con la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la competitividad del sector carbonífero. El presidente Gustavo Petro ha calificado el subsidio a los combustibles como la principal causa del déficit fiscal, afirmando que entre 2022 y junio de 2025 se destinaron $72,8 billones a este fondo. Propone que este déficit se cubra mediante la reforma tributaria o, en su defecto, con un nuevo incremento en el precio de la gasolina, advirtiendo que “si el Congreso se opone, no quedará otra alternativa que trasladar esa deuda al precio de la gasolina”. La reforma tributaria contempla ajustes al impuesto al carbono y nuevos gravámenes para el carbón y el petróleo.
Estas medidas han sido criticadas por el sector minero.
La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) alertó que los crecientes desincentivos fiscales han restado competitividad al carbón colombiano, provocando una caída de 10 millones de toneladas en las exportaciones hasta julio.
Carlos Cante, presidente del gremio, señaló que el Gobierno ha “duplicado o triplicado los impuestos en toda la cadena productiva”. En la misma línea, la diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas, cuestionó la postura del presidente Petro contra la minería de carbón, recordando que este sector aporta cerca de 15 billones de pesos en regalías y más de 10 billones en impuestos, además de generar miles de empleos en la región Caribe.
En resumenLa política fiscal del Gobierno hacia los combustibles y el carbón busca cubrir el déficit del FEPC a través de la reforma tributaria o alzas de precios, y aumentar los impuestos al carbono. Estas medidas han generado fuerte oposición del sector minero, que advierte sobre una pérdida de competitividad y una caída drástica en las exportaciones, afectando las finanzas regionales y el empleo.