La propuesta ha generado debate, especialmente en lo que respecta a los licores. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, advirtió que para modificar la tributación de estas bebidas podría ser necesaria una reforma constitucional, ya que la Constitución de 1991 reservó la producción y las rentas de los licores a los departamentos.

Según Restrepo, cambiar este esquema no sería un trámite sencillo y podría tomar más tiempo del que dispone el Gobierno en el Congreso. A pesar de que los licores y el tabaco ya cuentan con una carga impositiva considerable, que fue ajustada con la Ley de Licores de 2016, el Gobierno considera que hay margen para incrementar estos gravámenes como parte de su esfuerzo por equilibrar las finanzas públicas y financiar el presupuesto de 2026. La inclusión de esta medida responde a una tendencia global de utilizar la política fiscal para desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud, al tiempo que se generan ingresos adicionales para el Estado. Se espera que los detalles sobre las nuevas tarifas y la estructura del impuesto se conozcan una vez se radique formalmente el proyecto de ley.