Gobierno Presentará Nueva Reforma Tributaria para Recaudar $26,3 Billones

El Gobierno Nacional anunció que radicará en los próximos días una nueva reforma tributaria, concebida como una ley de financiamiento, con el objetivo de recaudar $26,3 billones adicionales. Estos recursos son considerados cruciales para equilibrar el Presupuesto General de la Nación para el año 2026, que asciende a $556,9 billones. La propuesta se presenta en un contexto de elevado déficit fiscal y la reciente activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que ha generado un intenso debate sobre su pertinencia y viabilidad. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha sido el encargado de delinear los ejes principales de la iniciativa ante las comisiones económicas del Congreso, asegurando que se busca un “gran pacto fiscal” para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años. El proyecto contempla una revisión integral de los beneficios tributarios existentes, con un enfoque en aumentar la progresividad del sistema. Entre las medidas clave se encuentra el ajuste de rangos y factores del IVA aplicados a bienes y servicios consumidos mayoritariamente por personas de altos ingresos, aunque el ministro Ávila ha insistido en que “no vamos a tocar la canasta familiar”. Adicionalmente, se planea incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y fortalecer los esquemas de tributación relacionados con el impuesto al carbono y los denominados impuestos saludables. La necesidad de esta reforma se justifica, según el Gobierno, por la alta inflexibilidad del gasto público, que para 2026 representará el 91,4 % del presupuesto, y para cubrir el desfinanciamiento del presupuesto, que algunos congresistas estiman en casi $40 billones.

En resumen

La nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno busca recaudar $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026 y asegurar la sostenibilidad fiscal. Sus pilares son el aumento de la progresividad en impuestos como renta y patrimonio, y ajustes al IVA para bienes de consumo de altos ingresos, sin impactar la canasta familiar, en medio de un complejo panorama fiscal y político.

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Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

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