Uso de Nequi y Daviplata: clave para determinar la obligación de declarar renta

La masificación de las billeteras digitales como Nequi y Daviplata ha transformado las finanzas personales en Colombia, pero también ha introducido nuevas consideraciones para las obligaciones tributarias. La DIAN ha aclarado que los movimientos realizados a través de estas plataformas cuentan para los topes que determinan si una persona natural debe presentar la declaración de renta. Cada año, la autoridad tributaria establece umbrales de ingresos, consumos, consignaciones y patrimonio. Para la declaración de 2025 (correspondiente al año gravable 2024), una persona debe declarar si sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superan las 1.400 UVT, equivalentes a aproximadamente $65,9 millones de pesos. Es crucial entender que este monto incluye la totalidad de los fondos recibidos en todas las cuentas, incluyendo las de billeteras digitales. Esto significa que recibir dinero de forma recurrente en plataformas como Nequi o Daviplata, ya sea por ventas, prestación de servicios o transferencias familiares, se suma al cómputo total de consignaciones. Muchos usuarios no son conscientes de que estos movimientos, aunque sean de bajo valor individual, pueden acumularse rápidamente y hacer que superen el tope, convirtiéndolos en declarantes de renta. La facilidad y popularidad de estas aplicaciones obliga a los ciudadanos a ser más rigurosos en el seguimiento de sus finanzas personales, ya que la DIAN tiene acceso a esta información a través de los reportes de las entidades financieras. Ignorar los movimientos en estas plataformas puede llevar a omisiones y eventuales sanciones por parte de la autoridad tributaria.

En resumen

Los contribuyentes deben incluir los movimientos de sus billeteras digitales en el cálculo de los topes para la declaración de renta, ya que estos son considerados por la DIAN y pueden generar la obligación de presentar el impuesto, incluso si no se manejan cuentas bancarias tradicionales.

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Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

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