Proponen aumentar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la vida nocturna en Bogotá

En el marco de la discusión de una reforma tributaria distrital en Bogotá, ha surgido una propuesta que genera preocupación en el sector de bares, restaurantes y establecimientos nocturnos. La iniciativa contempla un incremento significativo en la tarifa máxima del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), lo que podría representar una carga fiscal adicional para estos negocios. El concejal Julián Espinosa, ponente de la reforma, alertó sobre el plan de aumentar la tarifa máxima del ICA de 14 por mil a 21 por mil. El concejal enfatizó que este impuesto “se aplicará sobre los ingresos brutos y no sobre la utilidad de los negocios”, lo que significa que el cálculo se haría sobre la totalidad de las ventas sin descontar costos, representando una carga excesiva para el sector. Espinosa argumentó que estas medidas, sumadas a las regulaciones de horarios del Decreto 293, están afectando la capacidad de operación y la viabilidad económica de los establecimientos que dinamizan la vida nocturna y generan un número importante de empleos en la capital. La propuesta de reforma también incluiría nuevos impuestos a actividades relacionadas, como el comercio de bebidas alcohólicas y cigarrillos. El debate se da en un contexto en el que el concejal Daniel Briceño también criticó la confluencia de las reformas tributarias del gobierno nacional y distrital, advirtiendo que “ambas lograrán agravar la situación de comerciantes y empresarios de la ciudad”. La discusión pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de la administración distrital de aumentar el recaudo y la sostenibilidad de un sector clave para la economía y el empleo en Bogotá.

En resumen

El sector de la vida nocturna en Bogotá enfrenta la posibilidad de un aumento en su carga tributaria a través del ICA, una medida que, según concejales, podría desincentivar la actividad económica y afectar la generación de empleo en la ciudad.

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Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

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