La entrada en vigencia del Decreto 572 de 2025 ha generado un fuerte reclamo por parte de pequeños y medianos comerciantes, quienes advierten que la medida afecta gravemente su liquidez. La nueva normativa modifica las bases mínimas para practicar la retención en la fuente, lo que obliga a las empresas a realizar un anticipo tributario mes a mes sobre un mayor número de operaciones comerciales. Aunque el Gobierno argumenta que el decreto busca “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta”, los empresarios sienten que es un cobro adelantado que limita su flujo de caja. El exalcalde de Tunjuelito, Joseph Plaza, criticó la medida afirmando: “La retención en la fuente es un anticipo del pago de impuestos.
Antes se pagaba año vencido y ahora, el Gobierno la está reteniendo mes a mes sobre lo facturado.
Esto es desconocer la realidad de los empresarios”.
El dinero que antes se utilizaba para pagar nóminas, proveedores o servicios básicos ahora queda en manos del Estado de forma anticipada.
El impacto es tangible incluso en transacciones cotidianas.
Por ejemplo, la venta de una picada por $147.000, que antes no estaba sujeta a retención, ahora genera una retención de $2.200. Plaza explicó que si un negocio vende 100 de estos platos al mes, “serían $220.000 que les retienen”, una cifra que puede ser significativa para un pequeño establecimiento.
El ajuste no solo afecta a restaurantes, sino que también reduce los umbrales en el sector de servicios. La medida es percibida por los gremios como una “reforma tributaria disfrazada” que, en lugar de apoyar el crecimiento empresarial, “los está exprimiendo como naranja”.
En resumenEl cambio en las reglas de retención en la fuente, si bien busca mejorar la eficiencia del recaudo, está generando un impacto negativo en la liquidez de los pequeños negocios, que ahora deben adelantar una porción mayor de sus impuestos, afectando su capital de trabajo.