El Gobierno Nacional ha confirmado la presentación inminente de una nueva reforma tributaria, denominada ley de financiamiento, con la que busca recaudar $26,3 billones de pesos. Esta medida es fundamental para cubrir el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $556,9 billones, y para garantizar la sostenibilidad fiscal tras la suspensión de la regla fiscal. La propuesta, según detalló el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se centra en varios pilares clave sin afectar la canasta familiar. Primero, se contempla un aumento en los impuestos al consumo de licores y tabaco, argumentando las externalidades negativas que generan en la salud pública. Segundo, se revisarán integralmente los beneficios tributarios en el IVA que actualmente aplican a bienes y servicios consumidos mayoritariamente por personas de altos ingresos. Tercero, se buscará incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Finalmente, se fortalecerán los esquemas de tributación relacionados con el impuesto al carbono y los llamados impuestos saludables.
El ministro Ávila aseguró que “no vamos a tocar la canasta familiar en los ajustes tributarios”.
La iniciativa ha generado un intenso debate.
El exministro Juan Camilo Restrepo expresó su escepticismo sobre la viabilidad política en el Congreso, afirmando: “Ante el posible encontronazo con el Congreso, no me sorprendería que la apruebe por decreto”. Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo Abondano y gremios como la ANDI han advertido que la reforma podría afectar a la clase media y al sector productivo, y que responde más a una “ambición de gasto que tiene el gobierno” que a una necesidad técnica en el momento económico actual. La discusión se centra en si el ajuste fiscal debe provenir de nuevos impuestos o de un mayor control del gasto público.
En resumenLa reforma tributaria es la principal apuesta del Gobierno para estabilizar las finanzas públicas, pero enfrenta una fuerte resistencia política y económica por su posible impacto en la clase media y el sector empresarial, en un contexto de alto gasto y bajo crecimiento.