El Gobierno Nacional ha anunciado la presentación de una nueva reforma tributaria, también denominada ley de financiamiento, con la que se espera recaudar 26,3 billones de pesos. Esta iniciativa es considerada crucial para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a 556,9 billones de pesos, y asegurar la sostenibilidad fiscal del país a mediano plazo. La propuesta, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca generar estabilidad para los próximos cuatro años y no solo cubrir el presupuesto de una vigencia. Sus pilares incluyen aumentar la progresividad en los impuestos de renta y patrimonio, revisar beneficios tributarios del IVA en productos consumidos por personas de mayores ingresos y fortalecer los gravámenes al carbono y los llamados impuestos saludables. El ministro Ávila fue enfático en que los ajustes no afectarán la canasta familiar, siguiendo una instrucción directa del presidente Gustavo Petro. La reforma también se justifica en la necesidad de cubrir el déficit fiscal, agravado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló pagos por 80 billones de pesos.
La iniciativa ha generado un intenso debate.
El exministro Juan Camilo Restrepo expresó dudas sobre su viabilidad en el Congreso, afirmando que “es poco probable que sea aprobada” debido al deterioro de las relaciones entre el Gobierno y el legislativo. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que “la tributaria no puede ser solamente la respuesta a la ambición de gasto que tiene el gobierno”, y pidió un debate previo sobre la magnitud del presupuesto. Desde la oposición, el partido Cambio Radical ha calificado el presupuesto de “desfinanciado” y dependiente de una reforma “inexistente”.
En resumenLa nueva reforma tributaria es la pieza central de la estrategia fiscal del Gobierno Petro para financiar el presupuesto de 2026 y estabilizar las finanzas públicas. A pesar de su defensa como una medida progresiva y necesaria, enfrenta una fuerte resistencia política y empresarial que cuestiona tanto su conveniencia como su probabilidad de aprobación en el Congreso.