Esta medida tiene como objetivo que las personas y empresas con mayores ingresos y patrimonios contribuyan en mayor proporción al financiamiento del Estado, un principio clave en la agenda fiscal del actual gobierno.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado este punto como uno de los pilares de la ley de financiamiento. Aunque no se han revelado los detalles técnicos de las nuevas tarifas o bases gravables, la intención es clara: ajustar la estructura tributaria para que sea más equitativa. Esta propuesta sigue la línea de la reforma aprobada en 2022, que ya había modificado estos tributos. Sin embargo, la medida genera inquietud en el sector empresarial y entre los inversionistas.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó su preocupación al respecto, afirmando que "está demostrado que el impuesto al patrimonio ha producido baja inversión y fuga de capitales". La discusión se centrará en encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudo y el riesgo de desincentivar la inversión y el ahorro en el país. El Gobierno defiende que una mayor progresividad es necesaria para reducir la desigualdad y fortalecer el gasto social, mientras que los críticos advierten sobre los posibles efectos negativos en la competitividad y el crecimiento económico a largo plazo.