Esta estrategia se alinea con las prioridades del Gobierno en materia de salud pública y transición energética.

El fortalecimiento de los impuestos saludables, que gravan productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, sigue la línea de la reforma anterior y busca desincentivar el consumo de alimentos considerados perjudiciales para la salud. Por otro lado, la actualización del impuesto al carbono y otros tributos ambientales pretende generar recursos y, a la vez, promover prácticas más sostenibles y acelerar el cambio hacia una matriz energética más limpia.

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en la necesidad de eliminar subsidios a los hidrocarburos y desincentivar el uso de combustibles fósiles, describiéndolo como un asunto "de vida o muerte".

La reforma, por tanto, utilizaría la política fiscal como una herramienta para cumplir con los compromisos climáticos del país. Estos impuestos, junto con los gravámenes a licores y tabaco, conforman el bloque de tributos al consumo que el Gobierno espera que aporten una parte significativa del recaudo adicional de $26,3 billones, con la premisa de que recaigan principalmente sobre bienes y servicios consumidos por los sectores de mayores ingresos.