La nueva reforma tributaria del gobierno Petro tiene como uno de sus ejes centrales el incremento de la progresividad en los impuestos sobre la renta y el patrimonio. La propuesta busca que las personas con mayores ingresos y patrimonios contribuyan en mayor proporción, en línea con el discurso de equidad fiscal que ha mantenido la administración. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la ley de financiamiento revisará los esquemas de estos tributos para fortalecer su carácter progresivo. Esto podría implicar ajustes en las tarifas, la base gravable o la eliminación de beneficios tributarios que actualmente favorecen a los contribuyentes de mayores recursos.
Sin embargo, esta medida ha sido recibida con cautela y críticas por parte del sector empresarial.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió sobre los efectos negativos que podría tener un aumento en el impuesto al patrimonio. “Está demostrado que el impuesto al patrimonio ha producido baja inversión y fuga de capitales”, afirmó el dirigente gremial, quien considera que este tipo de gravámenes desincentiva la acumulación de capital productivo en el país. El debate se centra en encontrar un equilibrio entre la necesidad de aumentar el recaudo y la importancia de no afectar la competitividad y la inversión.
Mientras el Gobierno argumenta que es una cuestión de justicia social, los críticos sostienen que podría tener consecuencias contraproducentes para el crecimiento económico a largo plazo.
En resumenLa búsqueda de mayor progresividad en los impuestos a la renta y al patrimonio es un pilar de la reforma, con el fin de aumentar la contribución de los más ricos. No obstante, la medida genera una fuerte oposición del sector empresarial, que alerta sobre posibles efectos adversos en la inversión y la fuga de capitales.