La propuesta de reforma tributaria incluye un componente ambiental significativo, centrado en el fortalecimiento del impuesto al carbono y la creación de nuevos gravámenes sobre los combustibles. Esta medida responde a un doble propósito: avanzar en la transición energética y generar recursos para saldar la deuda acumulada en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El presidente Gustavo Petro ha defendido vehementemente esta parte de la reforma, calificando el déficit del FEPC, que superó los $70 billones, como un “subsidio inconstitucional que terminó beneficiando a los más ricos a costa de los más pobres”. Según el mandatario, esta deuda no debió cubrirse con recursos del presupuesto nacional y ahora debe ser pagada por quienes más se beneficiaron.
Por ello, la reforma introduce un mecanismo de contribución especial sobre la gasolina, buscando que los mayores consumidores aporten a la solución del déficit. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se buscará fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono y otros tributos al consumo, en línea con los compromisos climáticos del país.
Esta política fiscal busca desincentivar el uso de combustibles fósiles y acelerar la migración hacia la movilidad eléctrica. Sin embargo, la medida genera preocupación por su impacto directo en los costos de transporte y, por ende, en la inflación general, un tema que será central en el debate legislativo.
En resumenLa reforma tributaria utilizará los impuestos ambientales, como el gravamen al carbono y a la gasolina, como herramienta para financiar la deuda del FEPC y promover la transición energética. La medida se justifica en la justicia fiscal, pero enfrenta críticas por su potencial impacto inflacionario.