El ministro Germán Ávila ha sido enfático en que estos ajustes no afectarán la canasta familiar básica, cumpliendo una instrucción directa del presidente Gustavo Petro.
La estrategia consiste en identificar aquellos productos y servicios que, aunque hoy cuentan con exenciones o tarifas diferenciales de IVA, son consumidos predominantemente por los hogares de estratos altos.
Al eliminar o modificar estos beneficios, el Gobierno espera aumentar el recaudo sin impactar a la población más vulnerable.
Esta medida es una de las más sensibles de la reforma, ya que cualquier modificación al IVA genera preocupación por su posible efecto inflacionario. Críticos como el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, han manifestado su inquietud, señalando que se debe esperar el texto completo para analizar los criterios técnicos de la propuesta, advirtiendo que un enfoque populista no es un “buen consejero para una reforma tributaria”. La senadora liberal Karina Espinoza también expresó su preocupación, afirmando que “cada reforma tributaria recae en el ciudadano de a pie”. El éxito de esta parte de la reforma dependerá de la capacidad del Gobierno para demostrar que los ajustes están verdaderamente focalizados y no tendrán un impacto regresivo.